23 de marzo de 2023

45. La nueva Ley de universidades de España 22-3-2023: una nueva ocasión perdida para el sector universitario

 

                                         Foto: Sede de la ANECA en Madrid


   LOSU:  La nueva Ley de universidades (Ley Orgánica 2/2023 de  22-3-2023) no ha suscitado expectativas, ni siquiera muchas discusiones, ya que la mayoría de los universitarios españoles están agotados de  cambios legislativos en materia de universidades que no aportan soluciones suficientes y que hiperburocratizan la universidad. 

    La Ley parece reforzar el papel de la ANECA, Agencia con un papel burocrático en la hiper-burocratización de las universidades españolas. También parece que quiere reforzar el poder de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas sobre las Universidades implantadas en sus distintos territorios. 

     Este tipo de normativa, que refuerza el poder partidista  y la burocratización, no ayuda a que las universidades centren sus prioridades  en la mejora de la calidad de la Educación, de la motivación de los estudiantes,  de la calidad de la vida laboral  de los profesores, investigadores y personal de apoyo (estabilidad suficiente, remuneración adecuada, etc.) 

      Cuando se promulgó la LRU, en 1983, con el entonces reciente Gobierno del PSOE de Felipe González, se reconocían derechos importantes para la autonomía de los profesores más cualificados (libertad de Cátedra y participación en la toma de decisiones para la resolución de los problemas) importantes para garantizar una buena dirección de las universidades al servicio de la calidad de la educación y la investigación y al servicio de la sociedad. Se defendían esos principios en teoría pero lamentablemente la propia Ley LRU (Ley de Reforma Universitaria) no garantizaba muy bien esos derechos.

Algunos aspectos negativos de la LOSU de 2023:

1) Hiperburocracia: las normas internas se rigen por normas ministeriales que incluyen multitud de restricciones burocráticas y que son inestables, porque se cambian con mucha frecuencia. Los profesores deben dedicar mucho tiempo a adaptarse a ese continuo cambio normativo, con normas frecuentemente poco lógicas, lo que produce estrés y dificultades para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación.

2) Excesivo poder de la ANECA. Parece difícil poder ser profesor en las universidades españolas, incluso aunque se tenga un Premio Nobel cientifico, si no se realizan múltiples gestiones burocráticas para cumplir y demostrar los requisitos burocráticos que evalua la ANECA. Hay una excepción para contratación temporal de profesores que han alcanzado niveles de profesorado permanente en universidades extranjeras, pero de momento no hemos  visto que puedan tener permanencia en España si no se adaptan a los baremos burocráticos.

3) Poca autonomía de gestion universitaria:  Se pregona mucho la "autonomïa de las universidades" pero estamos muy lejos de tener un cierto grado de autonomía para la gestión por parte de la dirección de Centros y Departamentos. Todos son normas excesivas y cambiantes, procesos largos entre la manifestación de una necesidad docente o investigadora (contratar una persona, comprar un aparato, etc.) que pueden durar años y obligan a trabajar con estrés y precariedad.  Decía la LRU de 1983 que se cambiaba el sistema de "intervención" por el de "auditoría" lo que en principio parecía una acción agilizadora de la gestión, pues los Centros no tendrían que esperar meses para que se les autorizase contratar a un profesor o adquirir un material necesario. Las auditorías tratarían de ver si la gestión se desarrollaba con acuerdo a las normas y objetivos de la institución. La realidad es que no se notó mucho ese cambio. Hay intervenciones lentas. Recuerdo que para comprar una estantería para libros con un coste de 56 Euros, hubo que esperar 3 meses de tramitación burocrática.

4) Excesiva dependencia de la burocracia autonómica: Tanto las leyes anteriores como esta, pregonan mucho la "autonomía de las universidades" pero lo que hacen es reforzar el poder de las CCAA sobre las universidades y convertirlas en  "las universidades de las autonomías". La Ley concede a la burocracia de las comunidades autónomas un poder burocrático excesivo que ralentiza la ejecución de muchas decisiones de las universidades, esperando semanas o meses a que la CCAA autorice la ejecución de cuestiones pequeñas y sencillas que deberian tener otra agilidad.

5) Se le acusa de "amparar la politización de los campus". Ya las leyes anteriores eran demasiado permisivas con esa politización y sería muy lamentable que en vez de impulsar la neutralidad y un ambiente de cooperación y trabajo, con la nueva ley se deteriorase el ambiente necesario para el trabajo científico.

Opiniones sobre la LOSU

28-3-2023. Universidadsi.es publica un artículo de  de la  Universidad Internacional Isabel I, que señala aspectos positivos y negativos. Entre los positivos se menciona una posible supresión de los recortes excesivos de plantilla y una mayor estabilidad para la promoción profesional. Este tipo de promesas ya las hemos escuchado en años anteriores y desde luego no se han desarrollado adecuadamente. Algunos rectores critican que no se especifica la dotación presupuestaria para esos objetivos

Entre los aspectos negativos dice

 "Sin embargo, del análisis realizado puede concluirse lo ya repetido en los debates legislativos, intervenciones públicas y tribunas de opinión: la LOSU 2/2023 no parece contentar a nadie y posiblemente estemos ante una oportunidad perdida para regular mejor el funcionamiento de las universidades en España.

Lo peor de todo, es que, tras examinar los debates parlamentarios del proceso legislativo acontecido, tampoco resulta fácil hallar propuestas brillantes en el conjunto de los partidos políticos que nos legislan…"

Marzo: 9-3-2023. Madrid actual incluye el artículo de Alejandro Moreno, sobre las declaraciones de los sindicatos. 

Los sindicatos critican que la nueva Ley de Universidades es "poco ambiciosa" y "una oportunidad perdida"

Febrero: 22-2-2023. Una opinión favorable por el CERM

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) expresó este jueves su satisfacción global con los contenidos de discapacidad e inclusión de la nueva Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, que hoy publicó el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor en el plazo de 20 días. Más información

Febrero: 6-2-2023. La Comunidad de Madrid rechaza la nueva Ley (LOSU) de 2023 porque "ampara la politización de los campus"